¿Qué establece la nueva ley de fiscalización a las ONG aprobada por la AN?

El proyecto de ley Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines fue aprobado este martes en primera discusión en la Asamblea Nacional (AN) oficialista electa en 2020, luego de que el diputado y líder del chavismo, Diosdado Cabello, presentara la propuesta en el hemiciclo.

La polémica ley es considerada por los miembros de las organizaciones y opositores como una estrategia del Estado para silenciar a las ONG que denuncian violaciones a los derechos humanos en el país y condiciones de vida precarias.

Avanza la criminalización.

Las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 Petros ($12.000) si no cumplen con la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento.

Buscan ilegalizar a las ONG venezolanas de DDHH, sociedad civil y más contra las víctimas. https://t.co/XHHK7HpZfs pic.twitter.com/9ef3MHQOVU

— PROVEA (@_Provea) January 24, 2023

Cabello justificó su propuesta asegurando que “dicen que son Organizaciones No Gubernamentales porque no dependen del gobierno revolucionario, pero dependen del gobierno de Estados Unidos. Casi todas operan con fines políticos para apoyar la desestabilización del país”. Además agregó que “ahora, nos quedamos nosotros con los brazos cruzados ante estos enemigos de la Patria que reciben dinero y recursos, o comenzamos a ejercer mecanismos legales para que esas mal llamadas ONG o los que están detrás rindan cuentas”.

Puntos clave de la nueva ley

El documento fue creado con el objetivo de “promover y regular el régimen de la organización civil en Venezuela como una actividad privada de relevancia pública, regida por los principios del derecho venezolano”, según señala en su contenido.

El reglamento que consta de 17 artículos obligará a las ONG a “presentar las iniciativas para un proceso de autorización” que les permita obtener “personalidad jurídica”.

Entre los puntos de esta nueva legislación destacan:

• Artículo 8: referente al nacimiento de las ONG, señala que no se tendrá en cuenta como existente a ninguna de las organizaciones que no se registre según los lineamientos establecidos por esta ley. Además detalla que se sancionará a aquellas que ejerzan funciones sin contar con ese registro.
• Artículo 9: estipula los detalles que deben ofrecer las organizaciones sobre sus miembros, funcionamiento, finalidad y financiamiento, incluyendo los nombres de los fundadores, el régimen económico y disciplinario y si está previsto que su financiamiento se dé a través de “factores extranjeros”.
• Artículo 12: el apartado establece que, para los registros obligatorios, las ONG deben declarar su inventario de bienes, las donaciones recibidas con identificación de los donantes especificando si son nacionales o extranjeros y si son permanentes o accidentales, entre otros puntos.
• Artículo 13: da al Ejecutivo Nacional la potestad de implementar los mecanismos de control para supervisar y sancionar a las ONG que “comprometan la soberanía nacional o el normal desenvolvimiento de la asociación civil”.
• Artículo 15: que establece las prohibiciones impuestas a las ONG, señala que no podrán recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos, llevar a cabo actividades políticas y “promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la república”. Sobre este último punto no ofrece mayores detalles.

Este artículo, uno de los más controversiales y repudiados por las ONG, establece además que el incumplimiento de alguno de esos puntos, conlleva a un procedimiento administrativo que resultaría en la suspensión de actividades y disolución de la organización.

• Artículo 16: señala que el incumplimiento del registro de las ONG, además de la declaración de sus método de financiamiento y toda documentación solicitada por esta ley, será considerado un ilícito formal que se sancionará con una multa de hasta 200 petros.

ONG señaladas

Durante la presentación de la ley, Cabello mencionó que contaba con una lista de 62 ONG que, a su juicio, estarían incurriendo en actos políticos y desestabilizadores. Entre ellas, mencionó a Provea; que defiende los derechos humanos, Súmate, Futuro Presente, el Instituto Parlamentario Fermín Toro y la Fundación Más Ciudadanos de la UCAB.

Fuente: Tal Cual, Monitoreamos.