Cerrar las escuelas abrió puertas al hambre, la violencia y el fracaso escolar

Sonríe detrás de la cáscara de la naranja que cubre su boca. Sus ojos pequeños y achinados chispean. No camina, salta. Se voltea y declara: “Estoy feliz. Conseguí trabajo. Ahora mi abuela y yo no vamos a pasar más hambre. Allá me dieron esta naranja”. El niño, de escasos 12 años, va con lo que parece es su mejor ropa: chemise a rayas blancas y azules, blue jean y zapatos deportivos negros. No va a la escuela. Hay cosas más urgentes que resolver en casa. Se llama Carlitos y es apenas uno de miles de niños que desertaron de la educación formal en 2020.

La pandemia y la cuarentena llegaron para agravar en todo sentido la situación de la niñez en Venezuela, incluyendo el hambre como la capa más visible y alarmante de la situación. Y es casi un lugar común: niño con hambre, no aprende. La ONG World Vision International expone en los resultados de su encuesta 2020 que uno de cada tres niños venezolanos se acuesta con hambre. Muchos colegios y escuelas ofrecían antes de la cuarentena alguna comida, probablemente la única del día para muchos. Hoy las madres, abuelas y representantes a cargo dan cuenta de que los niños están más flacos y crecen menos.

Los resultados de la encuesta, realizada en agosto 2020 en 420 hogares de Distrito Capital y estado Miranda, muestran un hecho desolador:

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El virus de la pobreza

En su informe titulado Una espada de doble filo, World Vision International desentraña los riesgos que corre la niñez venezolana durante la pandemia del Covid-19.

La educación venezolana venía quedándose sin maestros: 30% habría emigrado en el ciclo 2018-2019. La deserción de los docentes en el lapso 2019-2020, por la pandemia y la precarización de su trabajo en todo sentido, podría reducir a la mitad el número de los que aún quedan.

Con respecto a la educación a distancia, en alrededor del 66% de los hogares encuestados consideraron que el principal desafío para acceder a ella es el incremento en el costo de los planes de telefonía móvil. Sólo la mitad de las familias dijo tener recursos para costear el uso de un celular.

A la pregunta de “¿qué ha cambiado en la situación de su familia durante la pandemia?” las respuestas desnudaron una realidad casi obscena: 38% experimentó disminución de ingresos, 35% experimentó escasez de alimentos, 7% menciona aumento de la violencia en el hogar y 3.3% considera la posibilidad de mudarse o emigrar en los próximos seis meses.

¿Y qué hay de los niños venezolanos en la diáspora? En otra encuesta de abril 2020, que incluyó a 392 niñas, niños y adolescentes en seis países de destino (Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) las conclusiones fueron tanto o más graves: 1 de cada 4 niños se encuentra separado de sus padres; 1 de cada 3 niños se va a la cama con hambre y 63 niños de cada 100 no van a la escuela. Pero, incluso ante este panorama, es la discriminación lo que más afecta el desarrollo psicológico y emocional de los niños migrantes.

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Ser niña es aún peor

Según datos de la UNESCO, casi nueve millones de estudiantes venezolanos se ven afectados por el cierre de las escuelas. De esos, 36,5% son niños y niñas de primaria y 26,55% de bachillerato. Y se presenta, además, una variable diferenciada por género: el rezago escolar severo se triplicó en el caso de niñas y se duplicó en el caso de niños según reporta la ENCOVI en su estudio 2019-2020.

En cuanto a educación a distancia, estrictamente, la data recogida por diferentes organizaciones muestra que los niños menores de 9 años se ven más afectados porque les cuesta más aprender en casa. Docentes reportan que los niños que pasaron de sexto grado a primer año de bachillerato son quienes enfrentan los mayores retos de adaptación.
En lo que todos los expertos coinciden es en que los niños de estratos socioeconómicos bajos están más solos en la resolución de sus tareas y en su proceso de aprendizaje en línea. Especialmente, porque su acceso a conectividad es mucho menor. Según datos recogidos por Fe y Alegría, 65,7% de los venezolanos no cuenta con internet fijo en casa y sólo 45% de los docentes tiene telefonía móvil inteligente o computadora.

 

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Niños más vulnerables frente a la violencia

Carla Serrano, socióloga y Secretaria General de la Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes (REDHNA), plantea la complejidad del tema: “La infancia no es homogénea. Ni los grupos de niños ni las poblaciones. ¿Cuántas infancias hay? Muchas. Hay las infancias que no tienen mamá. Hay infancias que no tienen papá…No son iguales los niños de Táchira ni de Mérida ni de Caracas. Así que no hay una aspirina universal que funcione”. Pero lo peor, dice, es que “no hay reflexión: es grave que hayamos iniciado este año sin ese proceso de revisión de los errores cometidos de marzo a julio”.

La educación a distancia profundiza las desigualdades en el acceso a la educación, genera tensiones en las familias, sobrecarga a los niños de tareas y los expone a mayores violaciones de sus DDHH por la vulnerabilidad en hogares violentos.

Serrano subraya que el retorno semipresencial es una posibilidad sólo tras evaluar “¿Qué pasó con las familias? ¿Qué pasó con los docentes? ?Cómo fortalecemos el músculo para que los docentes den clases a distancia? Debes establecer un plan de contingencia de bioseguridad, dotación de dispositivos móviles y tablets y levantar un diagnóstico con mirada nacional ¿A cuántos colegios puedes dotar? Está bien. No lo hagas con los privados. Pero tienes que hacerlo con los públicos”.

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La factura emocional y el desaprendizaje

Otro efecto indeseable de la separación de los niños de las aulas es el desaprendizaje. Los niños en desventaja van a olvidar o retrocederán en lo que ya sabían. Y no habrá forma de corregir esto sin políticas públicas responsables que contemplen, por ejemplo, clases de recuperación o supervisión especial del docente.

En la educación a distancia con baja conectividad, hambre y violencia doméstica preocupa la soledad de muchos niños ante el reto. Serrano se pregunta “a ese niño, ¿quién le explica? Si tiene una duda, ¿a quién se la expresa?”. Más aún, quién lo protege, si ya la escuela no funge como espacio seguro en el cual los maestros pueden dar alerta de signos de violencia, por ejemplo. Especialmente delicadas son estas interrogantes si esos padres y representantes emigraron o están fuera de casa buscando el dinero para cubrir lo básico.

Muchos padres, representantes o cuidadores pierden la paciencia o se frustran. Los niños más afortunados cuentan con adultos presentes que ayudan o, directamente, terminan haciendo las tareas. ¿Pero qué pasa con aquellos padres que ya no están o que, simplemente, no tienen ellos mismos la preparación para apoyar a los niños?

Estiana Colmenares, abogada y directora ejecutiva de la ONG Voces de Género, relata, por ejemplo, que hay zonas donde las guías que informalmente elaboran los maestros cuestan un dólar y se requieren cuatro al mes. Para madres o abuelas con varios hijos o nietos el dilema es comer o pagar las guías. Y los compañeros no ayudan pues, -dada la amenaza del Covid-19, ya no confían en reunirse para estudiar con una guía compartida. Los lazos habituales de solidaridad están enfrentando la desconfianza y el miedo que genera el virus y la certeza de que el sistema sanitario nacional no los cuidará.

La Psicóloga Nora Souki pone el foco en el desarrollo psico-emocional de niñas, niños y adolescentes versus el afán pragmático y competitivo de los padres: “pareciera valorarse más el cuánto sabe, cómo salió, si pasó o no pasó, y no cómo se siente, qué piensa, qué necesita, qué le angustia de esta situación, desde un lugar de escucha activa y empática”.

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El docente bajo maltrato extremo

El salario base de un “Docente 1” es de 665 mil 905,21 bolívares mensuales, lo cual equivale a 0,6 dólares al momento de escribir esta nota. El “Docente VI”, el de mayor rango en la tabla y el que más gana, apenas recibe 769 mil 304,01bolívares. Entiéndase: menos de 0,8 dólares por el trabajo de un mes que implica diversos gastos, incluyendo el de la conectividad para atender la educación a distancia, y que, evidentemente, resultan imposibles de cubrir.

Con respecto al rol del docente y la valorización que de él se hace desde el Estado y la sociedad, algunos expertos ya han alertado que con el programa Cada casa una Escuela, que el gobierno bolivariano implementó como mecanismo de educación a distancia durante la cuarentena, la función del educador se ha desvalorizado y descontextualizado.

El traslado de la labor pedagógica a los padres reduce la función del docente a recibir y corregir tareas y actividades, desapareciendo todo proceso de enseñanza. Y, por si fuera poco, esta sobrecarga de horas de trabajo resulta improductiva académicamente, pues no se puede evaluar realmente si hay o no aprendizaje. Algunos, incluso, consideran este año académico pasado como una estafa para la niñez venezolana.

Serrano lo plantea con franqueza: “Los chats de los docentes con los papás se pueden volver un ring de boxeo. Es súper difícil lidiar con los representantes porque al final los que están haciendo las tareas son ellos”.

El paso más importante para recuperar la educación en Venezuela es recuperar la calidad de la profesión del maestro. Es fundamental valorar la profesión, aumentar la calidad de la formación en universidades y pedagógicos y volver a la selección por concursos de mérito y no por filiación político-partidista.

Así podría detenerse el éxodo de docentes que huyen de una situación de pobreza extrema en el país. Es grave lo que la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación evidencia: entre 2014 y 2015 había 256 mil 155 docentes con título. Ya para enero de 2019, según la dirección general de gestión humana del Ministerio, solo había 156 mil 639. De este año en pandemia no hay cifras oficiales todavía.

El encierro como peligro

La mayoría de las ONG que operan a nivel nacional han detectado un incremento de reportes de maltrato infantil, abusos, situaciones de explotación laboral y explotación sexual. “No es que el colegio resuelve todas las violaciones a los derechos humanos, pero sí funciona como bisagra que se articula con el sistema de protección” puntualiza Serrano “ciertamente, la convivencia ha estado complicada. La casa pasa a ser trabajo, escuela y cárcel. Si estás permanentemente encerrado, aislado y desconectado, se potencian todas las posibilidades de violencia”.

Estefanía Mendoza, abogada y Coordinadora de Planes, Proyectos y Planificación  de la ONG Mulier Venezuela en Zulia, ofrece una visión regional en su programa de asistencia psicológica en casos de violencia sexual de marzo a octubre de 2020. Con un universo de víctimas de los 13 a los 63 años, de las cuales 58% está soltera y 62% son madres, solo 40% ha realizado una denuncia por las situaciones que incluyen violencia psicológica en el 61% de los casos, física en el 24% y sexual en 9%. El viacrucis legal y la impunidad desalientan, pero tampoco ayuda que la mayoría de tribunales competentes no haya estado funcionando en esta crisis sanitaria.

Es ya sabido que los principales agresores suelen ser  parejas o ex parejas (58% y 10%, respectivamente). Ahora, con la pandemia y la emigración, crece la participación de abuelos, tíos, vecinos y cuidadores. Aún más grave es el siguiente dato: 37% de los agresores tiene antecedentes de violencia contra otras mujeres y 11% tiene acceso a armas de fuego. Ello implica que 38% de las mujeres atendidas presenta una situación de riesgo grave para su vida.

Es un patrón de comportamiento intrafamiliar silenciado e invisibilizado. Tiende a quedar entre cuatro paredes pues los vecinos no suelen involucrarse y la tendencia al pacto de silencio o al estigma es la norma.  La mayoría de estas niñas y mujeres,  67% para ser específicos, no ha recibido apoyo psicológico de ningún tipo para enfrentar la situación de violencia que vive.

El problema irradia hacia el núcleo familiar cuando estas mujeres son madres (61% de los casos en esta muestra informal), pues los hijos deben mudarse, refugiarse o incluso esconderse cuando el agresor está cerca. O quedan a cargo de cuidadores que también podrían ser un problema potencial.

Mendoza apunta que la relajación de normas y tiempo de uso de computadores durante la pandemia, con la justificación de la educación a distancia, aumenta exponencialmente el riesgo de grooming (acoso y abuso sexual en contra de niños vía Internet) y trata de menores. Incluso, ya han detectado un modus operandi en la frontera colombo-venezolana que consiste en utilizar redes sociales como Instagram y Facebook, con cuentas donde supuestos estudiantes venden artesanía u otros productos y engañan a jóvenes para trasladarlas a Colombia y, una vez allí, las esclavizan sexualmente.

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¿Y quién educa a los enfermos?

Katherine Martínez es Directora de Prepara Familia, ONG que se enfoca en apoyar a niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas, así como a sus cuidadores y al personal de salud. Su trabajo en el Hospital JM de los Ríos ha generado incluso persecución oficial. Ella explica que “el impacto ha sido muy duro para familias con niños que padecen enfermedades crónicas, especialmente en cuanto a acceso a la alimentación especial, a medicinas, a atención médica en hospitales. En esa lista la educación queda de última”.

Señala que aquellos que no están hospitalizados son, incluso, más invisibles y vulnerables. Ninguno de estos niños tiene acceso a educación de calidad, simplemente porque sus madres, padres, abuelos y cuidadores apenas si logran resolver la urgencia de alimentarlos y conseguir medicinas y consultas que, por cierto, estuvieron cerradas hasta hace muy poco por la pandemia.

Esta crisis afecta de maneras diferentes a la niñez, las cuidadoras y al personal de salud. “En el caso de las mujeres la carga de cuidado es totalmente diferenciada y es terrible porque estas son mujeres que vienen del interior, -continúa Martínez- y tienen que dejar sus estudios, su trabajo, su pareja, sus otros hijos y se encuentran al JM de los Ríos en el suelo. Se vienen con su muchachito solas y ya no pueden contar con ayuda por los problemas de movilidad que hay en el país. Nadie puede relevarlas para que descansen porque no hay gasolina, no hay efectivo, no hay transporte…”.

Y, en cuanto al personal de salud, entre salarios bajos y casi nula dotación de equipos de bioseguridad por parte de las autoridades de salud, la situación es casi insostenible. Martínez cuenta que a pesar de que el JM de los Ríos no fue señalado como hospital centinela oficialmente se abrió un ala especial para la atención de niños con COVID19 y que “debo reconocer que “ha funcionado muy bien el protocolo aplicado para niños con covid”.

Para Martínez esta ha sido “una tormenta perfecta” que aún no ha terminado. Su conclusión es  que “la educación hospitalaria no existe. El Estado está de espaldas. Pareciera que no le importa lo que ocurre. No hay políticas públicas para atender estas vulnerabilidades. Y, encima, hay una gran opacidad”.