Informe Bachelet: Gobierno de Maduro permite desmanes de las FAES

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Informe Bachelet: Gobierno de Maduro permite desmanes de las FAES

Foto: EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI
9 de septiembre de 2019

La alta comisionada de DDHH de la ONU teme que el espacio democrático se reduzca aún más en Venezuela

La alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, denunció este lunes que el gobierno venezolano no ha manifestado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.

Así lo manifestó Bachelet al presentar información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde dijo que su organismo «ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país».

Al respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.

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«Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas», denunció Bachelet.

Lamentó que el Ejecutivo venezolano, en lugar haberse decidido a disolver las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales, haya optado por reafirmar su apoyo a este cuerpo policial.

Asimismo, Bachelet dijo que es preocupante el aumento de la presencia militar en el territorio del pueblo indígena pemón (estado de Bolívar, fronterizo con Guyana y Brasil), la violencia que ha sufrido y el caso de miembros de éste y otros pueblos indígenas asentados en el territorio de Venezuela, supuestamente asesinados por miembros de la Guardia Nacional, señaló EFE.

Por otro lado, la ONU teme que el espacio democrático se reduzca aún más en Venezuela en caso de que se apruebe una ley que criminaliza las actividades de organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.

«Si esta ley es aprobada y se aplica reducirá más el espacio democrático. También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades», dijo

Reconoció que la administración de Maduro ha hecho últimamente ciertas concesiones a su organismo.

Mencionó que un equipo de su oficina -cuyo tamaño no precisó- ha podido volver a trabajar dentro de Venezuela y confirmó que el pasado viernes pudo entrar por sexta vez en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde.

También reconoció que, tal como se lo había prometido, el gobierno excarceló a 83 personas, pero hizo hincapié en que queda pendiente la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar.

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Las críticas de Bachelet fueron, sin embargo, mucho más numerosas e incluyeron denuncias sobre «casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares».

Por otra parte, dijo que sigue empeorando la crisis económica y social en el país, que ha obligado a 4,3 millones de venezolanos a abandonar el país y que se ha convertido en el caso de hiperinflación más grave experimentado en Latinoamérica.

En este ámbito, la alta comisionada reconoció el impacto que están teniendo las sanciones de Estados Unidos en el agravamiento de los derechos humanos en Venezuela.

Asimismo, el informe de Bachelet hace hincapié en la situación de 400.000 personas que sufren de enfermedades crónicas y que tienen acceso limitado a medicinas y tratamiento, mientras que 39 enfermos -incluyendo niños y niñas- esperan viajar al extranjero para recibir trasplantes, dentro de programas públicos.

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