Texas convierte el aborto en negocio para cazarrecompensas

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Texas convierte el aborto en negocio para cazarrecompensas

A simple vista5 de septiembre de 2021

La nueva ley permite a cualquier civil hacerse con 10.000 dólares por denunciar un aborto practicado después de las primeras seis semanas de gestación. Se considera un paso crucial para la agenda conservadora que busca volver a la prohibición total de la interrupción del embarazo.

(FUENTE: EL PAIS) Desde el miércoles está en vigor la ley que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación en el segundo estado más poblado de los Estados Unidos, Texas, con unos 30 millones de habitantes. La restricción, en la práctica, significa que muchas mujeres sabrán que están embarazadas demasiado tarde para poder considerar la opción de un aborto.

En la puerta de la Whole Women’s Health hay un cartel que se ve obligado a explicar que “el aborto todavía es legal en Texas”. La organización litigó para que la Corte Suprema frenara su entrada en vigor, pero la mayoría de jueces conservadores evitaron bloquearla el martes. “Es una de las prohibiciones del aborto más extremas, radicales e injustas que haya visto este país. La ley no representa a la mayoría de los tejanos y es sencillamente inconstitucional”, informa la clínica a sus pacientes. Junto a esta comunicación, otro letrero impide entrar a la clínica armado, una de las libertades avaladas en el Estado.

Los centros de salud para las mujeres llevan algunos días organizándose para seguir operando al mismo tiempo que cumplen con la nueva ley, que se cree que afectará a entre el 85% y el 90% de los abortos que se hacen en Texas. La mayoría de las 35 clínicas que hay en el Estado ampliaron sus horarios previos al 1 de septiembre, fecha en la que entró en vigor la prohibición, para atender a más pacientes. “En algunos centros se está ofreciendo información sobre recursos en otros Estados para tener acceso a un aborto”, señala Alejandra Soto, portavoz de Planned Parenthood, otra organización de salud reproductiva que está lidiando con la ley mientras ofrece servicios como pruebas de infecciones de transmisión sexual y anticonceptivos.

Soto explica que en días recientes simpatizantes del movimiento denominado provida han llegado a sus clínicas en el Estado a tomar vídeos y fotografías de quienes acuden a los centros. Uno de los puntos más polémicos de la norma es que evita que la vigilancia del cumplimiento recaiga sobre las autoridades. En cambio, la responsabilidad se ha delegado en ciudadanos de a pie, para que estos, sin importar si viven en el Estado de Texas, demanden por la vía civil a cualquiera que “ayude o sea cómplice” de un aborto más allá de las seis semanas de gestación. Esto incluye pagar o reembolsar el gasto de la intervención. Si la demanda tiene éxito, el denunciante puede recibir 10.000 dólares para cubrir sus daños legales. Los acusados no reciben este apoyo monetario si ganan en los tribunales.

“Es nauseabundo lo que está pasando”, señala Susan, de 42 años. Esta mujer originaria de Austin está enojada con la entrada en vigor de la norma. Después de leer en los periódicos que muchos religiosos están acosando a empleados y mujeres en las clínicas, ha salido a su búsqueda para confrontarlos. “Tengo una hija de 22 años y creo que ninguna de estas personas sabe nada del proceso de decisión por el que las mujeres debemos de pasar”, cuenta a las puertas de uno de las clínicas de Austin.

La norma es “un ataque a la jurisprudencia sobre el aborto”, considera Jack Balkin, catedrático de Derecho Constitucional en Yale. El especialista afirma que la forma en la que está redactada la ley, especialmente la parte que impide a las autoridades perseguir a los sospechosos, “es un intento por aislar una ley evidentemente inconstitucional de una revisión de los tribunales federales”. Algunos jueces del Supremo, que no opinó sobre la inconstitucionalidad de la norma, la calificaron de “inusual y sin precedentes”.

La S.B. 8 es la más reciente ficha del movimiento conservador en una guerra abierta contra el Roe v. Wade, el emblemático fallo del Supremo que protege el derecho a decidir de las mujeres desde 1973. La ola conservadora alentada por el ascenso de Donald Trump al poder multiplicó los intentos por derribar esta ley. “En lo que va del año se han registrado cerca de 600 restricciones al aborto en más de 45 Estados. Unas 90 han sido aprobadas”, señalan desde Planned Parenthood. “La ola podría cobrar fuerza con esta ley, la más extrema de todas, y claramente parte de una agenda política de anular el aborto del todo”, considera Soto.

Los movimientos de derechos sexuales de las mujeres creen que la gran prueba de fuego a Roe v. Wade llegará en los próximos meses, cuando el Supremo, que recibió tres jueces de derechas durante la presidencia de Trump, deba revisar una ley de Misisipí que prohíbe el aborto después de la semana 15 de embarazo en una confrontación directa al progresista fallo que va a cumplir 50 años. Este imprescindible fallo para el futuro del aborto en Estados Unidos se espera para mediados de 2022.

Trabas a los centros

La norma, que fue aprobada en mayo por la mayoría republicana en el Legislativo tejano, que tiene únicamente un 27% de mujeres congresistas, no llegó de la nada. El golpe se ha cocinado durante mucho tiempo. Los republicanos, que gobiernan el Estado desde 1995, llevan años con una ofensiva legal en contra del aborto. En 2013 aprobaron una iniciativa que exigía a las clínicas tener las condiciones de un hospital: tuberías especiales para anestesia, minuciosas especificaciones para las habitaciones y un número mínimo de enfermeras. Además, los médicos que realizaban el procedimiento debían tener un consultorio en un hospital a menos de 50 kilómetros de la clínica. Estos requisitos hicieron que el Estado, el segundo más grande en extensión del país después de Alaska, pasara de tener 40 centros a 19. Los abortos realizados en la entidad bajaron un 13%. El Supremo derribó la norma tres años después en un importante fallo, pero la composición del Tribunal era otra entonces.

El escándalo que ha provocado la entrada en vigor de la S.B. 8 eclipsó otra severa medida adoptada por los legisladores. El Senado ha aprobado una norma que prohibirá a los médicos recetar píldoras a pacientes que tengan más de siete semanas de embarazo. La legislación vigente, no obstante, las permite hasta las 10 semanas. La norma aguarda la firma del gobernador Greg Abbott para que entre en vigor.

El gobernador Abbott también decretó a inicios de la pandemia la suspensión de toda intervención quirúrgica que no fuera “inmediatamente necesaria”, lo que se tradujo en una suspensión casi total de los abortos por algo más de un mes. Whole Woman’s Health tuvo que cancelar 200 citas en ese periodo. Todos estos intentos a lo largo de los años han tenido éxito. El Estado pasó de tener 72.470 abortos en 2011 a 55.400 en 2017, de acuerdo al Instituto Guttmacher, especializado en derechos reproductivos.

Solo en esta semana, el Estado ha afianzado un giro a la ultraderecha. No solo con la aprobación de una de las leyes más estrictas sobre la interrupción del embarazo. Entró en vigor, asimismo, una norma que permite a los habitantes portar armas de fuego en público sin la necesidad de tener un permiso. Y también fue votada recientemente una serie de medidas que hacen más difícil participar en las elecciones.

Anne Richards fue la segunda gobernadora de Texas y la última demócrata que llegó al poder en el Estado. En un debate de la campaña, en febrero de 1990, fue cuestionada sobre una iniciativa que prohibiría el aborto para las mujeres de menos de 17 años. En televisión, Richards dijo que vetaría la norma. “Ningún legislador, juez o burócrata tiene por qué determinar si una mujer tiene un aborto o no”, dijo en el evento. Su hija, Cecile Richards, fue presidenta de Planned Parenthood durante una década, hasta 2018, desde donde defendió el derecho de las mujeres a decidir. Texas, no obstante, ha ido en dirección contraria.

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