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Proponen en la OEA investigación de violación de los DDHH en Venezuela

17 de julio de 2019

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo a reporteros que de adoptar la resolución el Consejo Permanente de la OEA tiene que “explorar las distintas fórmulas posibles para la implementación” de una investigación

Ocho países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) sometieron a consideración de los otros 26 países un proyecto de resolución que exige una investigación independiente sobre lo que describe como violaciones “graves y sistemáticas” de los derechos humanos en Venezuela.

El documento expresa una condena firme a los abusos atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El borrador no encarga a un ente específico la responsabilidad de la investigación, pero exige acceso pleno a territorio venezolano para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no ha recibido invitación de las autoridades venezolanas desde su última visita en 2002.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo a reporteros que de adoptar la resolución el Consejo Permanente de la OEA tiene que “explorar las distintas fórmulas posibles para la implementación” de una investigación. Agregó que si la CIDH quedará a cargo de esa pesquisa estaría dispuesto a considerar la creación de un mecanismo conjunto de investigación con la ONU, algo sin precedentes.

“Se puede explorar esta posibilidad. El abanico de opciones tiene que estar suficientemente abierto”, indicó.

La paraguaya Elisa Ruiz dijo que junto a los demás patrocinadores -Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú- planean someter el documento para su aprobación en una fecha aún por determinar y se dedicarán los próximos días a sumar apoyos.

“La OEA debe cumplir con su compromiso de apoyar al pueblo venezolano en tiempos difíciles”, señaló Ruiz durante una sesión del Consejo Permanente convocada de manera conjunta por Paraguay y Argentina.

La propuesta llegó a la OEA apenas días después de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara un amplio informe en el que acusó al régimen de Maduro de causar 5.287 muertes durante operativos de seguridad durante 2018.

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