Ecuador libra orden de prisión contra ex presidente Rafael Correa

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Ecuador libra orden de prisión contra ex presidente Rafael Correa

Foto: Cortesía
9 de agosto de 2019

La justicia ecuatoriana ordenó esa medida cautelar tras la solicitud de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Correa, que vive en Bélgica desde que terminó su mandato, es considerado un prófugo de la Justicia

La corrupción se ha vuelto la cosa más común en  los gobiernos latinoamericanos; lo raro es que la justicia actúe y aprese a los responsables, como podría ser el caso del ex presidente Rafael Correa, acusado de estar implicado en sobornos para la adjudicación de contratos con el Estado, y contra quien se acaba de ordenar prisión preventiva.

Fue la jueza nacional Daniella Camacho quien ordenó la medida cautelar ratificando así la solicitud que el miércoles hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y teniendo en cuenta, dijo, que la prisión será “legal, constitucional y convencional” y por tanto “no arbitraria”.

A estos hechos, el mismo Correa dijo a RT que la guerra judicial o judicialización de la política es la táctica de la derecha» y constituye el «método» empleado «contra Lula [da Silva] y Cristina [Fernández de Kirchner]» para «tratar de eliminar a los líderes progresistas a los cuales no pueden vencer en las urnas», alegó.

No obstante, el ex mandatario que se encuentra en Bélgica, y otra veintena de miembros de su partido son investigados en el marco del caso «Sobornos 2012-2016» (antes «Arroz verde»), una supuesta trama de corrupción con presunta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró Correa hasta 2017, y que involucraba a empresas nacionales e internacionales como la brasileña Odebrecht.

Del mismo modo, se pidió también prisión preventiva para otros cuatro altos excolaboradores del gobierno de Correa (2007-2017), incluido su vicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra en prisión desde hace casi dos años por asociación ilícita en otro caso de la trama Odebrecht.

La investigación incluye delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho sobre unos 22 exfuncionarios y empresarios.

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